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Gabriela Durruty es la nueva coordinadora provincial de Acceso a la Justicia de Santa Fe del Ministerio de Justicia de la Nación

Es un gran orgullo para nosotrxs anunciar que la compañera Gabriela Durruty estará a cargo desde hoy de una herramienta fundamental para democratizar el acceso a la justicia y aportar a un necesario y urgente plan contra la violencia en nuestra ciudad y nuestra provincia.  “Si la justicia no llega a la gente habrá que ir a buscar a la justicia y llevarla a donde está la gente”, dijo Durruty, de amplia y reconocida trayectoria en el campo del derecho penal y la lucha de los organismos de Derechos Humanos.

Desde el 10 de diciembre del año pasado, con el cambio de etapa que se dio en los tres niveles de gobierno, desde Ciudad Futura venimos elaborando propuestas de políticas públicas concretas para afrontar la crisis de desigualdad y violencia que vivimos para presentarles a los gobiernos que tengan la voluntad política de implementarlas, convencidos que lo importante no es quién hace las cosas sino que las cosas se hagan. Es fruto de ese trabajo en conjunto con la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, que nuestra compañera asume con un mandato colectivo esta gran responsabilidad. “La idea es aportar a lo que ya se viene haciendo y sumar nuestra propia impronta, nuestra propia historia también. Mientras trabajábamos en estas propuestas contra la violencia fue justamente esa violencia la que nos arrebató la vida de nuestro compañero Eduardo Trasante, un emblema de la lucha por una ciudad en paz. Ahí volvimos a vivir en carne propia no solo el dolor de esta ciudad desmadrada sino los déficits de la justicia para abordarla”, analizó Durruty.

Gabriela será la responsable de la provincia de Santa Fe y junto con el abogado Sergio Job estarán a cargo de la coordinación general de toda la Región Centro que además incluye a las provincias de Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

Con respecto a una de las dimensiones de las tareas de acceso a la justicia, Durrty dijo que: “Se trata, ni más ni menos, que de arrimar un pedacito de Estado allí donde la desprotección asola, donde la desigualdad se hace norma. Un pedacito de Estado que pueda hacerse eco de los dramas colectivos y cotidianos que padecen los excluidos de todo, y que canalice en forma integral el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos más básicos. No se trata ya de la “cercanía”, o la “proximidad” con el territorio, sino de un pedacito de Estado en y para esos territorios”.

Pero la importancia de esta política pública es doble si la situamos en su justa dimensión: vivimos en la provincia más violenta del país, donde la desigualdad muestra su peor cara, donde la degradación se mide en estadísticas de homicidios y uso de armas de fuego. “Porque no queremos naturalizar ese drama, porque no debemos acostumbrarnos a los niveles de desigualdad y violencia con los que convivimos, esta política pública, en este rincón de la Patria, es la materialización de un rumbo en el que venimos insistiendo hace mucho tiempo”, finalizó.

Si algo sabemos de sobra por nuestra historia y nuestra práctica es que difícilmente sean las instituciones de la justicia las que vayan a buscar a la gente para acompañarla frente a los padecimientos cotidianos. Por eso esta política pública es estratégica y aceptamos este convite colectivamente, porque se trata del ciclo inverso: hacer que la gente se empodere y llegue a la justicia, garantizar su acompañamiento integral en esas instituciones más apegadas a la autopercepción de poder que de servicio público.

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