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¿Cómo cuidar el planeta desde la ciudad? Registro de infractores y pasivos ambientales

Son dos proyectos que buscan darle a la ciudad herramientas concretas para el cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida de los rosarinos y rosarinas.

¿Para qué sirve discutir un nuevo Código de Convivencia? Para incorporar temas claves como éstos. Si queremos actualizar una norma de 1981, debería ser para incorporar lógicas y demandas del Siglo XXI. Limitar este debate a una cuestión de convivencia de libertades individuales, sin animarnos a incorporar intereses colectivos como la defensa de los bienes comunes, sería desaprovechar una oportunidad histórica.

Si algo aprendimos en los últimos años, desde las imágenes de las quemas del Delta hasta una pandemia sanitaria mundial, es que la ambición de maximizar ganancias a costa de cualquier cosa está haciendo colapsar el planeta. En pleno Siglo XXI, discutir un Código de Convivencia sin que aparezca el paradigma de justicia ambiental es inadmisible. Por eso presentamos el proyecto que crea el “Registro de Infractores ambientales” en la ciudad de Rosario. Algo tan sencillo como eso: un registro público que recopile las personas físicas o jurídicas que tengan sanciones o condena firme por haber violentado la normativa en materia ambiental, de tal modo de impedirles la posibilidad de tramitar habilitaciones, certificados de aptitud ambiental, concesiones, etc, hasta tanto se certifique que ha cumplimentado la sanción y reparado o mitigado el daño ocasionado.

Es muy difícil pretender resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo. Es momento de animarse a incorporar estas agendas del Siglo XXI, y entender que las ciudades tienen muchísimo para hacer por el cuidado del planeta.

Régimen de pasivos ambientales

Primero, ¿A qué llamamos “pasivos ambientales”? Así refieren las distintas normativas al conjunto de daños ambientales (ya sea en concepto de contaminación del aire, del agua, la tierra, deterioro de recursos naturales en general) generados por cualquier tipo de actividad pública o privada en su funcionamiento ordinario y que afecten la salud de la población y el ambiente.

A diferencia de otras localidades y provincias del país, nuestra ciudad no cuenta con una normativa específica que evalúe el impacto ambiental producido por una actividad industrial o de servicios al momento de su cierre. Hoy por hoy, no existe normativa ni autoridad pública que estipule la obligatoriedad de realizar un estudio acerca del impacto dañoso que tuvo esa actividad en la salud y en los ecosistemas circundantes, y la obligue a mitigar o reparar ese daño.

Con este proyecto, lo que se plantea es que toda persona física o jurídica que pretenda gestionar el traslado o cierre del local donde se desarrolla una actividad productiva catalogada como de riesgo ambiental, deberá someterse a una Auditoría de Pasivos Ambientales, a los fines de identificar si en ese sitio o adyacentes se ha producido un daño ambiental. Si así fuera, los titulares de esa actividad generadora del pasivo ambiental deberá hacerse cargo de los costos para recomponer el daño ambiental ocasionado.

Podés leer el proycto presentado acá.

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